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Las 6 iniciativas más progresistas que se votarán en 2018
Las 6 iniciativas más progresistas que se votarán en 2018

Los votantes de todo el país están a punto de decidir si abrazarán una serie de ambiciosas políticas, inmersos en lo que podría denominarse la mayor prueba para las ideas progresistas que se presentará ante el electorado estadounidense en el mes de noviembre.

Tres estados están considerando la expansión del Medicaid. Cuatro están evaluando legalizar la marihuana. En otros 12 estados se está considerando ampliar el derecho al voto, tomar medidas contra la manipulación de las circunscripciones electorales y restringir los gastos de las campañas electorales.

Otros están experimentando con la aplicación de medidas específicas para la industria. California podría limitar los beneficios de las empresas de diálisis. Nevada y Arizona podrían imponer a las empresas de servicios públicos que obtengan el 50 % de su energía de fuentes renovables. Colorado podría limitar las altas tasas de interés y los cargos ocultos a los créditos a corto plazo. Nebraska está considerando la posibilidad de eliminar los impuestos a las ventas de productos de higiene femenina.

Pero algunas iniciativas de votación van aún más lejos, estableciendo modelos y tácticas que los activistas de otros estados podrían copiar. Estos son algunos de los esfuerzos estatales más ambiciosos.

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Los votantes del estado de Washington decidirán nuevamente si aplican a las grandes industrias contaminantes una tarifa por las emisiones de carbono para hacer frente al cambio climático, dos años después de haber rechazado una propuesta que habría significado aplicar el primer impuesto al carbono del país. (Associated Press)
  1. El estado de Washington está decidiendo de nuevo sobre el primer impuesto al carbono del país

Desde que se aprobó la primera ley de registro automático de votantes en Oregón en 2015 hasta el compromiso de California de obtener el 100 % de la energía de fuentes renovables para 2045, la Costa Oeste se está convirtiendo en el laboratorio nacional de ideas progresistas. Quizá el experimento más audaz de este año se está llevando a cabo en el estado de Washington.

Si la Iniciativa 1631 se aprueba, impondrá a las mayores industrias contaminantes del estado una tarifa de 15 dólares por tonelada de carbono emitido a la atmósfera. Los ingresos, que se estiman en 1 mil millones de dólares anuales, se destinarán a estimular proyectos de energía limpia y ayudar a las comunidades de bajos ingresos afectadas por el cambio climático.

Es la segunda vez que Washington considera aplicar un impuesto al carbono. El primer intento, en 2016, propuso un plan de ingresos neutral que habría recolectado más de las empresas contaminantes y destinaría esos fondos a reducir otros impuestos. Esa medida fracasó sin margen de duda (un 59 frente al 41 %), un resultado que se atribuyó, al menos en parte, a la oposición de los grupos sindicalistas y las comunidades afroamericanas, que sostenían que los ingresos debían dedicarse a construir una economía verde y ayudar a las comunidades afectadas por el cambio climático.

Ese es el objetivo de la nueva versión que irá a las urnas. De los mil millones de dólares que se recauden con el impuesto al carbono, el 70 % se destinará a proyectos de energías renovables, el 25 % para prevenir y eliminar la contaminación y el 5 % a ayudar a las comunidades de bajos ingresos afectadas por el cambio climático.

La nueva versión es un caso de prueba en el marco de una estrategia emergente para diversas iniciativas de votación progresistas. En lugar de apuntar a la mitad más amplia del electorado, la Iniciativa 1631 apunta descaradamente al azul. En vez de diseñar mensajes dirigidos a los conservadores indecisos, los activistas han estado construyendo una coalición de izquierdas que incluye a los defensores de las personas con bajos ingresos, sindicalistas, líderes comunitarios, comunidades afroamericanas y organizaciones no gubernamentales de base.

“Cuando los conservadores hablan de ‘liberalismo de impuestos y gastos’, cuando hablan de ‘liberalismo de Gran Gobierno’”,  escribió David Roberts en Vox, en realidad están hablando de esto”.

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Una manifestante en Seattle, el 22 de junio de 2017, protesta por el tiroteo policial en el que murió Charleena Lyles ese mes. Los votantes de Washington decidirán si permiten procesar a los oficiales de policía que usen una fuerza letal sin que exista una presunción razonable de que sus vidas corren peligro. (AFP vía Getty Images)
  1. Los votantes de Washington podrían terminar con la impunidad de los disparos policiales

A pesar de toda la atención mediática que han recibido los disparos de la policía en los últimos tres años, solo un estado, Washington, está valorando un proyecto de ley para reforzar la responsabilidad policial en noviembre.

La Iniciativa 940 apunta a cambiar el criterio legal para procesar a los oficiales de policía que maten a civiles. Según la ley actual de Washington, los fiscales deben establecer que un oficial actuó con “malas intenciones”, algo prácticamente imposible de probar.

“Aquí no se puede responsabilizar a los oficiales, no importa cuán terrible haya sido su comportamiento”, dijo Andrè Taylor, copresidente de De-Escalate Washington, un grupo que respalda la iniciativa. Cuando su hermano, Che Taylor, fue asesinado por la policía en Seattle en 2016, Andrè Taylor se mudó a Washington desde Los Ángeles para poner en marcha una organización sin ánimos de lucro llamada “Not This Time”, y comenzar a profundizar en los factores estructurales que contribuyeron a la muerte de su hermano.

Descubrió que Washington tiene una de las peores leyes de procesamiento policial a nivel nacional y una de las tasas de enjuiciamiento más bajas. La Iniciativa 940 aumentaría el nivel de responsabilidad de la policía, permitiendo que se procesen a los oficiales que emplean una fuerza letal sin que exista una presunción razonable de que sus vidas corren peligro. Eso alinearía las leyes de Washington con los marcos de responsabilidad que establecen otros estados. Esta iniciativa en particular requeriría una investigación independiente cada vez que un oficial de policía matara o dañara seriamente a un civil y obliga a todos los oficiales a recibir capacitación sobre salud mental y resolución de conflictos.

Todo parece indicar que la aprobarán. Las encuestas muestran una intención de voto positiva y consistente de aproximadamente un 70 %. Además, durante años las organizaciones de base han trabajado para crear una amplia coalición de apoyo que incluye al alcalde de Seattle, Jenny Durkan, a la senadora demócrata Patty Murray e incluso a algunos cuerpos policiales.

“Todo el mundo quiere esto”, afirmó Taylor. “Desde el primer día rechazamos la idea de que los ciudadanos quieren que los oficiales tengan impunidad y poder sobre ellos”.

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El gobernador de Florida, Rick Scott. La enmienda 4, en la boleta electoral del estado de este otoño, restablecería el derecho al voto a más de 1.5 millones de infractores que han estado en prisión. (Associated Press)
  1. Florida podría conceder el voto a 1,5 millones de personas

Según el Centro de Justicia Brennan, Florida tiene “una de las políticas de privación de derechos más punitivas del país”. No permite que quienes han cometido un delito puedan volver a votar, una política que afecta aproximadamente al 10 % de la población del estado. Para recuperar este derecho, los infractores tienen que presentar una petición personal de indulto, un proceso que el gobernador Rick Scott resumió como: “Podemos hacer lo que queramos”.

Si los votantes de Florida aprueban la Cuarta Enmienda, se restablecería este derecho y podría aumentar la cantidad de votantes del estado en más de 1.5 millones de personas. Hasta ahora, la lógica indica que se aprobará. Cada periódico que ha publicado la propuesta respalda la medida. Mientras tanto, la oposición a la enmienda, organizada bajo el nombre de “Floridianos por una Política Sensata de Derecho al Voto”, parece estar formada por un único abogado de Tampa y no ha publicado ningún anuncio ni realizado ninguna actividad importante como parte de su campaña. Incluso los famosos conservadores Charles y David Koch han decidido no oponerse. La enmienda necesita al menos el 60 % de los votos para ser aprobada y hasta ahora las encuestas publicadas indican que más del 70% la apoya.

Si se aprueba, la enmienda tendrá implicaciones importantes para el resto del país. Aunque solo tres estados niegan el derecho al voto a los infractores de la ley, 34 imponen algún tipo de restricción al voto tras una condena penal. Solo dos estados permiten el voto a las personas encarceladas. Por tanto, la victoria de la Cuarta Enmienda en Florida daría a los activistas progresistas de todo el país un buen argumento para revertir otras formas de privación de derechos.

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El Capitolio de Luisiana en Baton Rouge. El estado no requiere el voto unánime de los miembros del jurado para condenar a los acusados. Someter a votación la segunda enmienda este otoño podría cambiar esa situación. (Philip Gould vía Getty Images)
  1. Luisiana podría revertir una severa ley que data del período de la Reconstrucción

En un estado conservador y bajo unas elecciones polarizadas, Luisiana está llevando a cabo una de las pocas reformas de justicia penal que cuenta con el apoyo bipartidista.

La reforma es sencilla. Solo dos estados, Luisiana y Oregón, permiten que los jurados condenen a los acusados sin un voto unánime. Sin embargo, Luisiana es la única que permite que 10 miembros del jurado anulen a los otros dos en casos de asesinato. La segunda enmienda del estado pondría a Luisiana a la par de los otros 48 estados al exigir un voto unánime del jurado para los delitos graves.

El origen de la norma del jurado de Luisiana es claramente racista, resultado del intento de empoderar a los miembros blancos del jurado y hundir a los miembros afroamericanos durante el período de la Reconstrucción. En 1898, en la convención constitucional, donde se implantó la norma, los legisladores declararon su intención de “perpetuar la supremacía de la raza anglosajona en Luisiana”.

Parece que la disposición del jurado ha funcionado según lo previsto. Una investigación publicada por The Advocate, el mayor diario de Luisiana, encontró que los imputados afroamericanos eran un 30 % más propensos que los acusados blancos a ser condenados por jurados divididos. El 40 % de las condenas se llevaron a cabo con al menos un miembro del jurado que tenía dudas razonables. Obviamente, no es el único factor que contribuye a la elevada tasa de encarcelamiento en Luisiana, la segunda más alta del país, pero es un elemento significativo.

Si bien no se han realizado encuestas sobre el referendo, el extraño consenso entre los legisladores y los agentes institucionales es una señal de progreso en sí misma. La iniciativa pasó la prueba en la Cámara de Representantes y el Senado de Luisiana con una cantidad significativamente mayor que los dos tercios que necesitaba para entrar en votación. Desde entonces, ha atraído a muchos simpatizantes destacados, incluida la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Estadounidenses por la Prosperidad respaldado por los Koch, así como la “libertad religiosa” que promueve el Louisiana Family Forum y el cantante de R&B John Legend.

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Un residente de Maine llega a Kennebunk para votar en las elecciones primarias del estado, el 12 de junio de 2018. El primer tema, que establecería un sistema universal de atención médica a domicilio para las personas mayores, se incluirá en la votación electoral en noviembre. (Associated Press)
  1. Maine podría establecer la atención universal a domicilio para las personas mayores

Con una edad promedio de 44,5 años, Maine tiene la población más envejecida del país. Sin embargo, este mes de noviembre, sus votantes tendrán la oportunidad de establecer el primer sistema de atención de salud universal a domicilio de Estados Unidos para las personas mayores. La primera reforma establecería un impuesto del 3,8 % para todos los ingresos superiores a 128.400 dólares al año, por encima del cual los sueldos no están gravados por el Seguro Social. Una suma estimada de 300 millones de dólares en ingresos anuales pagaría los servicios de atención médica a domicilio a largo plazo para todos los residentes mayores de 65 años o con discapacidades.

Se trata de una propuesta ambiciosa y, políticamente hablando, impopular. De hecho, los cuatro candidatos a gobernador se oponen a la medida, alegando que ahuyentaría a las empresas y provocaría una escasez de trabajadores. La Cámara de Comercio del estado, los hospitales y las compañías de atención médica también han sumado fuerzas para luchar contra la propuesta, nombrando a su coalición Stop the Scam, y alegando que debido a que la medida ofrece atención médica independientemente del nivel adquisitivo, Martha Stewart, residente de Maine a tiempo parcial, podría recibir servicios médicos antes que otras personas mayores que viven allí y tienen ingresos fijos.

Hasta ahora no se han realizado encuestas sobre dicha propuesta. Una iniciativa estatal similar, un impuesto a las personas con altos ingresos para financiar la educación, se aprobó con poco más del 1 % en 2016. Sin embargo, se rechazó cuando el gobernador Paul LePage se negó a presentarla y la legislatura aprobó un proyecto de ley que recaudó aproximadamente la mitad de los ingresos de la propuesta original.

Independientemente del resultado, la iniciativa establece un modelo a seguir para otros estados y ofrece otro ejemplo de las ambiciones crecientes en el ámbito de la atención de salud universal a nivel estatal.

  1. Ohio podría revisar los cargos contra los narcotraficantes

Una de las reformas de justicia penal más ambiciosas y controvertidas de Estados Unidos se incluirá en la votación electoral de Ohio. Si tiene éxito, la primera reforma convertiría los cargos de posesión de drogas en delitos menores, flexibilizaría las pautas de las sentencias y prohibiría el tiempo en prisión por delitos de libertad condicional. También exigiría que el estado invirtiese en servicios de salud mental y rehabilitación todo el dinero que ahorrase al reducir la población carcelaria.

La reforma que se votará va a por todas. Los cambios legales propuestos son significativos, actualizan las leyes relacionadas con el arresto, la sentencia, la libertad condicional y el gasto público. La primera reforma aplicaría de forma retroactiva la actualización de las leyes, permitiendo a miles de habitantes encarcelados de Ohio solicitar una reducción de sus sentencias. Cada una de las reformas podría haberse presentado como iniciativa independiente o simplemente modificarse de forma discreta tras bambalinas, pero según Stephen Johnson Grove, subdirector del Centro de Justicia y Políticas de Ohio y coautor de la iniciativa, los activistas decidieron optar por un único paquete de reformas.

“El objetivo principal es uno”, dijo. “Se intenta reducir la población en prisión. Si esa es tu meta, no puedes cumplirla poco a poco”.

Sin embargo, las cosas se han complicado más de lo que se esperaba desde el inicio de la campaña. Johnson Grove dijo que la campaña pasó meses eligiendo detalles y diseñando mensajes para incluir todo el espectro ideológico. Los anuncios de campaña promocionaron el ahorro que representaría para los contribuyentes y la seguridad pública. Casi todos los mensajes en apoyo a la iniciativa enfatizaron en que no se pondría en peligro el régimen actual de lucha contra la delincuencia de los contrabandistas y traficantes de drogas.

Sin embargo, a pesar del intento de bipartidismo, la primera reforma ha generado una ardua disputa y una parcialidad frenética. Los dos candidatos a gobernador del principal partido se han definido según su posición ante la iniciativa. Sus patrocinadores financieros, como el Open Society Policy Center de George Soros y Mark Zuckerberg, han sido objeto de críticas por entrometerse en el estado. Casi todos los brazos del sistema legal, desde los alguaciles del condado hasta el juez supremo de Ohio, se han manifestado en contra, argumentando que dicha reforma obstaculizaría su lucha contra la epidemia de opioides y haría más difícil procesar a los narcotraficantes.

Y así, dijo Johnson Grove, una reforma a votación escrita escrupulosamente para evitar el partidismo se ha convertido en otro ejemplo de ello. Aunque hasta ahora no se han realizado encuestas sobre la primera reforma, la oportunidad de ganarse al votante promedio puede haberse desaprovechado. “Si tengo que aconsejar a otros activistas progresistas, les diría que espero que tengan suerte”, dijo.

Michael Hobbes

HuffPost

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