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Urge una estructura para preservar las pruebas con que juzgar los abusos contra los rohinyás
Urge una estructura para preservar las pruebas con que juzgar los abusos contra los rohinyás

Ginebra, 12 mar (EFE).- La relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Birmania, Yanghee Lee, propuso hoy crear una estructura fija en Bangladesh que permita documentar y preservar pruebas de los abusos sufridos por la comunidad rohinyá para poder usarlas en un eventual proceso judicial.

"Estoy cada vez más convencida de que los crímenes cometidos tras las noches del 9 octubre 2016 y del 25 de agosto de 2017 tienen las marcas del genocidio y llaman en los términos más fuertes posible para la rendición de cuentas", afirmó Lee al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Para facilitar un posterior procesamiento de los responsables, la experta pidió que se establezca una estructura fija, sin especificar exactamente de que tipo, que pueda indagar de forma creíble sobre lo ocurrido durante las dos últimas olas de violencia en el país: en octubre del 2016 y en agosto de 2017.

"Recomiendo el establecimiento de una estructura que esté basada en Cox's Bazar (Bangladesh) bajo los auspicios de la ONU para investigar, documentar, recoger, consolidar, analizar y mantener evidencias de violaciones a los derechos humanos, y facilitar el trabajo de procedimientos judiciales imparciales, justos e independientes sean nacionales o internacionales", subrayó.

Tras la violencia de octubre de 2016, al menos 74.000 rohinyás cruzaron la frontera entre Birmania y Bangladesh para escapar de las operaciones militares que concluyeron en febrero, entre denuncias de Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales de que se habían cometido numerosos abusos contra la población civil, incluidos asesinatos, violaciones y quema de casas.

El mismo patrón se repitió tras el 25 de agosto de 2017, la diferencia es que la represión alcanzó niveles hasta ese momento nunca vistos y el éxodo fue de 680.000 personas, según el recuento de las agencias de la ONU.

En ambos casos los refugiados llegaron a la localidad bengalí de Cox's Bazar, donde Lee quiere, precisamente, que se establezca el órgano de recolección y preservación de pruebas.

Es en esa localidad donde el equipo de la Misión de Investigación de la ONU para Birmania (Myanmar) -establecida hace un año para indagar las atrocidades de octubre de 2016, pero que extendió su mandato para incluir las de agosto de 2017- ha realizado más de 600 entrevistas a los refugiados.

Su presidente, Marzuki Darusman, confirmó hoy durante su presentación ante el Consejo que la violencia ejercida contra la comunidad rohinyá por parte de las autoridades militares y policiales birmanas siguen un patrón de décadas y, simplemente, se ha incrementado en intensidad con el paso del tiempo.

Darusman hizo un pormenorizado recuento de los abusos cometidos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, quemar personas vivas en sus casas, violaciones colectivas y asesinatos a sangre fría de niños, actos que han sido definidos por la ONU como limpieza étnica y que cumplen con los requisitos para ser definidos como crímenes contra la humanidad.

No obstante, sólo un Tribunal de Justicia puede decidir el nivel del crimen cometido y, específicamente, el de genocidio, dada su gravedad y la dificultad de probar la intencionalidad de destruir completamente una comunidad.

Lee usó su intervención para pedir también a Naciones Unidas una "reflexión" sobre cómo actuó tras los sucesos de octubre de 2016, y si existe alguna posibilidad de que los abusos de agosto de 2017 se hubieran podido evitar.

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