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Recórcholis, gobernadora

A medida que avanza la campaña hacia el 22 de octubre, brotan nuevas y extrañas amenazas que al macrismo le permiten, a su vez, redoblar sus amenazas hacia diversos sectores contra los cuales resulta funcional lanzarlas o que perturban el rumbo neoliberal.

Recórcholis, gobernadora

En este caso, la gobernadora María Eugenia Vidal parece haber sido la destinataria de una nueva amenaza de bomba (de las que jamás se llega a dilucidar nada), por un supuesto artefacto colocado en un establecimiento educativo que funciona en el interior de la Base Naval de Morón, donde vive la mandataria bonaerense.

En este caso, la Policía provincial constató que no había ningún artefacto explosivo, pero de todas formas se evacuó el lugar y la información se difundió de todas maneras. Este julepe sucede en plena campaña y le permite un adicional a la advertencia hecha por Vidal hacia dos seccionales más de la UOCRA, presididas por otros dos “Patas” Medinas.

En los últimos casos mencionados, se trata de José Burgos (o Humberto Monteros, el verdadero Pata Medina bahiense) y Juan “Lagarto” Olmedo, titulares de la UOCRA de Bahía Blanca y Quilmes, respectivamente.

Sin embargo, también se encuentra en la lista negra del macrismo bonaerense Walter Leguizamón, titular de la UOCRA de Lomas de Zamora. Sobre Leguizamón, hasta ahora, no pesa ninguna imputación de amenaza o sospecha por aviso de bomba, pero esto es sólo cuestión de tiempo: en el menú de imputaciones que se estrenó este martes al detenerse al sindicalista platense, se estrenó la nueva figura penal de “catering”.

A este tipo que, sin figurar en el Código Penal (no así en la visión de los legisladores de Cambiemos, quienes seguramente en breve lo incorporarán), fue invocado esta semana por el intendente bahiense Héctor Gay, tras considerar que la situación estaba `desmadrada` porque la UOCRA lugareña exigía “la contratación de catering, traslado y baños”. Tal reclamo merecería un premio de la OIT en cualquier país del mundo, pero en la Argentina que diseña el macrismo sólo califica para la cárcel, acompañada de apedreamiento mediático.

Los gremialistas deberían haberlo advertido, si hubiesen seguido la secuencia. El 20 de septiembre, cuando la gobernadora Vidal pasó por Bahía Blanca, tildó de  “mafiosos” a los sindicalistas locales de UOCRA. Cinco días después, la sede del gremio bahiense fue apedreada y le destrozaron los vidrios. Como para que tengan estos padrinos camuflados detrás de una camisa Grafa y un fratacho. 

Después del ataque a la sede gremial, los sindicalistas recibieron una advertencia telefónica, que también les avisó que el hecho había sido perpetrado por "un grupo de empresarios enojados". Pero, en contraste con este aviso telefónico, el titular de la Unión Industrial bahiense, Fabián Gurrado, se atajó diciendo que en realidad cunde el temor entre los empresarios de la construcción.

La raíz del temor que detalló el titular de la UIBB fue que los delegados del gremio paralizan las "obras o medidas de fuerza para lograr la firma de algún convenio". Lo que, hasta ahora, se conocía simplemente como una medida de fuerza consistente en huelga de brazos caídos, abandono de tareas o paro.

Por supuesto, no debemos olvidarnos cómo terminó el grave incidente de la falsa bomba que no explotó ni se encontró en la nueva morada de María Eugenia Vidal. Tras recibir el llamado, la policía procedió a la evacuación del lugar y peritos en explosivos revisaron el establecimiento con equipos especiales, y constataron que no había ningún artefacto explosivo en el lugar.

El hecho, que fue caratulado como "intimidación pública", es investigado en la fiscalía número 2 de Morón. 


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