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Aviso de la CIDH al Estado argentino

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos examina un pedido de medidas cautelares por la situación de Santiago Maldonado, el joven desaparecido el pasado 1° de agosto durante un operativo de Gendarmería en Chubut.

Aviso de la CIDH al Estado argentino

La CIDH, mediante una comunicación que dirigió al canciller Jorge Faurie, del 10 de agosto, le comunicó al Estado argentino sobre la solicitud de medidas cautelares por el caso de Maldonado, en el marco del artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.  

El escrito, que requería información sobre el paradero de Maldonado e indicar, "de ser el caso, las gestiones" realizadas "con el fin de esclarecer los hechos denunciados", ya fue contestado por la Cancillería dentro del plazo de 72 horas previsto como primer paso, confirmaron hoy a Télam fuentes de esa cartera.

"Se recibió efectivamente un pedido de información de la CIDH, que se respondió en tiempo y forma a la Comisión acerca de la situación y de las medidas de investigación adoptadas. El informe lo elaboraron el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos", precisaron las fuentes consultadas.

Según la reglamentación de la CIDH "y sin prejuzgar sobre el otorgamiento de medidas cautelares", la comunicación pedía además a la Cancillería como segundo paso que, dentro de los cinco días posteriores a la recepción de la nota, la Cancillería enviara la información "que considere oportuna" sobre la situación que motivó el pedido de medidas cautelares presentado a esa Comisión de la OEA.

El mecanismo de medidas cautelares previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH se pone en marcha ante una posible violación de derechos protegidos por las convenciones americanas sobre Derechos Humanos y sobre Desaparición Forzada de Personas, considerados de la mayor urgencia.

Una vez producida la información solicitada al Estado, en este caso el Estado argentino, la misma va a los peticionantes, que pueden hacer más consultas antes de que la CIDH vuelva a dirigirse al Estado, según expertos consultados por esta agencia.

Cumplidos esos pasos, cada uno de los cuales tiene plazos muy definidos, la CIDH finalmente resuelve si otorga o no las medidas cautelares solicitadas, para lo cual toma en cuenta la gravedad y urgencia de la situación (si el riesgo o amenaza es inminente y puede materializarse) y si puede causar un daño irreparable.


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