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Multa y gran deb@te

El Parlamento alemán, el Bundestag, aprobó hoy una ley contra los "delitos de odio en Internet" que obliga a las redes sociales a eliminar, en un plazo de 24 horas desde que son denunciados, los contenidos "obviamente delictivos", y establece multas de hasta 50 millones de euros a las plataformas que no cumplan en tiempo y forma.

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La norma, que no contó con los votos de conservadores y socialdemócratas, además de la Izquierda (Die Linke) y de un diputado conservador, obliga a Facebook, Twitter, YouTube y demás plataformas sociales con más de dos millones de usuarios, a eliminar contenidos "obviamente delictivos" en 24 horas.

El plazo se extiende a una semana cuando el contenido denunciado no es "obviamente ilegal", según informó hoy la cadena británica BBC.

Las multas por incumplir son de cinco millones de euros y, tal como había adelantado el Gobierno en marzo, pueden ascender hasta 50 millones de euros, dependiendo de la severidad de la ofensa.

Los contenidos eliminados deben ser conservados a modo de prueba de su contenido delictivo, establece la ley que comenzará a regir en octubre, y obliga además a las empresas a informar trimestralmente sobre su gestión de las denuncias de los usuarios, según precisó EFE.

La norma está orientada contra los contenidos que incurran en injurias, amenazas, incitación a la violencia y delitos de odio. Establece que los administradores de las plataformas cuenten con un procedimiento eficaz y transparente en materia de gestión de denuncias, identificable, de fácil acceso y siempre disponible para el usuario.

Medios de prensa europeos calificaron a la flamante norma como la más dura del mundo en su tipo, en línea con la férrea legislación alemana contra la difamación, la incitación pública a cometer crímenes y las amenazas de violencia, que incluyen penas de prisión por negar el Holocausto o por incitar al odio contra minorías.

La ley, que se aprobó tras meses de deliberaciones y por iniciativa del Ministerio de Justicia, justo en el último día de sesiones antes de las vacaciones, despertó reacciones de las plataformas y de organizaciones de la sociedad civil.

Estas últimas cuestionaron en general que la ley delega en las empresas la responsabilidad de decidir qué contenidos son legales y cuáles no y ven, por ello, el peligro de que se restrinja la libertad de expresión.

En concreto, coinciden, la norma llevará a una ola de censura por parte de las redes sociales que, por miedo a ser multadas, podrían optar por eliminar contenidos que se encuentran en el límite lo legal sin analizar en detalle si en realidad son o no constitutivos de delitos.

"Muchas de las violaciones cubiertas por el proyecto de ley son altamente dependientes del contexto, contexto que las plataformas no están en condiciones de evaluar", había adelantado el relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos, David Kaye.

Por su parte, Facebook afirmó a través de un comunicado que comparte los objetivos del gobierno alemán, aunque cuestionó el contenido de la ley.

"Creemos que las mejores soluciones se encontrarán cuando el Gobierno, la sociedad civil y la industria trabajen juntos, y que esta ley así como está no mejorará los esfuerzos para abordar este importante problema social", indicó la compañía.

En los últimos años, Alemania intensificó los esfuerzos para lidiar con el discurso de odio, sobre todo ante el aumento del sentimiento antiinmigrantorio impulsado con la crisis de refugiados.  

De hecho, en 2015 el Gobierno había acordado con Facebook, Twitter y Google la eliminación de este tipo de mensajes en 24 horas, pero un informe de la cartera de Justicia encontró este año que las empresas aún no habían cumplido con sus compromisos, recordó el sitio especializado The Verge.  

En este sentido, el ministro de Justicia, Heiko Maas, manifestó hoy que "la experiencia ha demostrado que, sin presión política, los grandes operadores de plataformas (digitales) no cumplirán sus obligaciones, y esta ley es por lo tanto imperativa".

"La libertad de expresión termina donde empieza la ley criminal", agregó el funcionario en declaraciones reproducidas por el diario inglés The Guardian, y precisó que en los últimos dos años los delitos de odio aumentaron un 300 %.


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