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Cómo evitar que se caiga
Cómo evitar que se caiga

El juez federal Sebastián Casanello le pidió al ministro de Justicia, Germán Garavano, que le informe si funcionarios de su cartera intentaron negociar con el empresario detenido Lázaro Báez liberarlo a cambio de imputarle ilícitos a CFK.


El magistrado, quien ya enfrenta un gran problema al mantener en prisión a Báez, eludiendo elevar la causa por lavado de dinero a juicio oral, apercibió a Garavano e intentó, así, salvar el caso que lleva adelante. 

Con esto, Casanello intenta evitar un pedido de nulidad para la causa, al recordarle al gobierno nacional que los acuerdos con arrepentidos no corresponden al Ejecutivo nacional, sino al fiscal Guillermo Marijuán.

La promiscuidad entre el mencionado fiscal y la Casa Rosada es tal, que la gravísima irregularidad saltó a la vista, luego que el diario La Nación informase ayer sobre el fracaso de la negociación intentada con Báez para inculpar a Cristina Fernández de Kirchner en la causa que se sigue al titular de Austral Construcciones por licitaciones otorgados en tiempos en que Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz.

El informe del diario oficialista mencionó que una posibilidad ofrecida a Báez había sido un traslado temporario a un penal de Río Gallegos, por la salud de su madre y luego, si las negociaciones tenían éxito, acceder al beneficio del arresto domiciliario.


La manera de acceder a esos beneficios es declarar como "arrepentido" en los términos de la ley aprobada en noviembre pasado, aunque el acuerdo de colaboración debe ser celebrado entre el fiscal y el imputado, y posteriormente sometido al examen del juez para su eventual homologación.

Un intento similar del macrismo, postuló a Leonardo Fariña como una especie de informante que, luego de beneficiarlo por la ley del menemismo del 2 x 1, acusó a Cristina Fernández de Kirchner como presunta socia de Báez, pero no aportó ninguna prueba que permitiese dar verosimilitud a esta narración. 

El juez Casanello recordó en su oficio a Garavano que el Poder Ejecutivo no interviene en ningún tramo de la negociación del acuerdo de colaboración. Sólo puede participar en las cuestiones relacionadas con la necesidad de garantizar la seguridad del arrepentido y la evaluación de su inclusión en el Programa de Protección de Testigos e Imputados.


Casanello dijo que su tarea es velar por la regularidad del proceso, para evitar nulidades en la causa, pues todo acto declarado nulo "acarrea un retroceso en la investigación y un riesgo para su desenlace exitoso".

La Nación aclaró que las conversaciones de las que dio cuenta no son formales, sino tanteos, para lograr un acercamiento y obtener alguna garantía a cambio de datos. Ninguna de estas charlas está judicializada y transcurren en el submundo del caso, fuera del expediente.

La primera oportunidad que tendría Báez para dar datos es su próxima ampliación de la declaración indagatoria, prevista para el 6 de junio, aunque a fines de este mes y hasta el 4 de mayo declararán sus hijos.

A fines del año pasado, ya se dieron tentativa al entorno de Báez para aportar alguna versión que perjudicase a CFK y mejore su situación. Para ello, sus hijos menores se reunieron con el fiscal Marijuan, pero Báez desautorizó las charlas.


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