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El gobierno nacional pondrá en marcha a fines de este año un procedimiento para deshacerse de las provincias, en cuanto al manejo de fondos para viviendas.

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La señal se dio este martes, con el adelanto que el ministro Rogelio Frigerio comenzará a cancelar deudas con empresas contratistas y cooperativas que hoy cumplen tareas de construcción. 

De tal forma, Casa Rosada quitará de la órbita provincial, luego de los comicios de octubre, más de $ 19.000 millones y condenará al cierre a miles de pequeñas empresas del sector de los ladrillos que operan en cada distrito. 

De manera tal que, con la excusa de la lucha contra la corrupción ajena, el macrismo suprimirá este envío con el cual los gobernadores refuerzan, desde hace décadas, su vínculo con el electorado.

A ello obedecen los contactos más recientes que en las últimas semanas concretaron los directivos de la Cámara Argentina de la Construcción con autoridades nacionales, cónclave que debe haber sido como para alquilar pulman, dado el fluido contacto que tradicionalmente mantienen los ejecutivos del sector ahora en el rol de funcionarios. 

 A principios de este año, el primo presidencial Angelo Calcaterra “vendió” en nombre de Sociedades Macri (SocMa) las empresas integradas en IECSA a Marcelo Mindlin, titular de Pampa Holdings y Edenor. 

En este último tinglado, Mindlin tiene como accionista en las sombras al misterioso empresario Joe Lewis, propietario también del country Cumelén, donde el presidente Macri suele tomar vacaciones “sin cargo” e, incluso, invitar a mandatarios extranjeros como Barack Obama como si fuese de su propiedad. 


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