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Sin el Congreso

Pese al alacraneo ante el escándalo por el Correo, el Gobierno decidió no enviar al Congreso el proyecto de ley de Transparencia y Buenas Prácticas en la obra pública, pero lo reemplazará por un decreto reglamentario.

Pese a la apertura formal de las sesiones ordinarias que hizo Macri el 1 de marzo último, el funcionamiento del Congreso es casi nulo este año, por lo que el Ejecutivo intentará aplicar por esta vía  un techo de 15% a las ofertas en las licitaciones respecto del costo que fije el Estado para una construcción y nuevas reglas para el acceso a las pequeñas empresas.

De manera explícita y con la intención que surjan los nombres de Calcaterra, Mindlin, Caputo y Oderbrecht, el macrismo decidió eludir el debate parlamentario sobre el tema y acelerar la puesta en marcha de la nueva normativa, por lo que "el decreto será firmado por el Presidente antes de fin de mes y tendrá casi las mismas reformas que figuran en el borrador del proyecto".

La será que habrá un tope de 15% a la variación de las ofertas respecto del costo que fije el Estado para una obra: es decir que si el trabajo está designado en $100 millones de presupuesto, las ofertas en las licitaciones no podrán ser inferiores a 85 ni mayores a 115.

De serlo, y no haber otra opción en la licitación, el decreto le asigna al ministro de cada cartera la decisión final de autorizarla o no, quitando la responsabilidad a los subalternos.

Si se le ha de creer al oficialismo, esta normativa evitará una cartelización en el mercado de la construcción por parte de los grandes jugadores, justamente los únicos que tuvieron en este año y medio de gestión macrista las pocas licitaciones que ordenó Casa Rosada.

En el Ministerio del Interior -cuyos funcionarios confeccionaron el proyecto de ley que ahora será decreto- destacaron, en diálogo con la agencia Télam, que "las empresas constructoras se mostraron a favor de este cambio aunque habían sugerido otro esquema", y los gremios vinculados a la construcción "ya expresaron su acuerdo en la firma del pacto con la UOCRA y la CAC".

Otra medida será sumar a la Comisión Nacional de la Competencia al entramado de la licitación, y participar a la AGN y la SIGEN de cada paso concreto en la adjudicación y control de las obras.

Otros de los cambios con los que el Gobierno dice querer dar luz a la adjudicación están narrados en el artículo 3 del anteproyecto: se garantizará el acceso irrestricto, anónimo y gratuito a las bases y condiciones de contratación por vía electrónica, asegurará la publicidad del procedimiento de contratación en la web, evaluará el desempeño del contratista y establecerá sanciones.

En el artículo 11 del borrador se establece la creación del Instituto Nacional de Buenas Prácticas para la Administración de Obras (INBPAO), con el "objetivo de promover políticas públicas de excelencia por parte del Estado nacional para una administración eficiente de las obras", además de realizar auditorías en la gestión de los trabajos, difundir indicadores de calidad e implementar "bases de datos y bancos de información para el auxilio de la gestión".


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