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El juez federal Sergio Torres profundizó en la denuncia contra el presidente Mauricio Macri; su padre, Franco, una decena de empresarios y funcionarios públicos y empresarios aeronáuticos, por presuntas irregularidades en el sector aerocomercial.


Torres envió en las últimas horas múltiples oficios en busca de información certera a organismos oficiales y empresas para comprobar si existieron maniobras del Gobierno nacional para beneficiar con rutas aéreas y hangares privilegiados a la empresa Avian Líneas Aéreas, que el año pasado absorbió o asoció con Macair Jet, propiedad de la familia Macri.

En la misma causa también se investiga si la firma Fly Bondi, que también recibió importantes rutas de bajo costo -69 en total- por parte del Ministerio de Transporte, está relacionada comercialmente con Mario Quintana, secretario de Coordinación Interministerial, o algunos de sus socios.

En este marco, Torres emitió órdenes a la Inspección General de Justicia (IGJ) en busca de datos societarios de MacAir Jet, Avian Líneas Aéreas, Avianca, Patagonia, Unicos Air S.A., Fly Bondi, al ORSNA y a la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), entre otros organismos.

El operativo de secuestro de información referida a la colombiana Avianca se ordenó sorpresivamente el miércoles pasado, el mismo día que el juez emitió estos requerimientos para evitar posibles "pérdidas" de documentos. Los despachos estatales tienen cinco días hábiles para responder. Si no lo hacen, Torres podría solicitar el allanamiento de las dependencias rebeldes.

En el expediente figuran como imputados Macri; su padre Franco; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis; el ministro coordinador Quintana; el titular de la ANAC, Juan Pedro Irigoin y su director nacional de Transporte Aéreo, Hernán Gómez, y al exdirector general de Logística de la Presidencia, el renunciado Carlos Cobas, que ya volvió a la actividad privada. 

Torres además imputó a directivos de Avianca como Germán Efromovich, al expiloto de los Macri, Carlos Colunga López, y a su hijo Diego Colunga López, dueño de Unidos Air. Todos son investigados por supuesta "asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias".

De la información que llegue al juzgado, Torres determinará si requiere el resto de las medidas de prueba que pidió el fiscal Jorge Di Lello que incluye, en otras cosas, la suspensión del proceso que lleva adelante el Poder Ejecutivo para asignar nuevas rutas aéreas.

El Gobierno ya suspendió temporalmente la entrega de rutas a Avian para evitar un escándalo mayor. La empresa que dirige Colunga padre deberá esperar que los organismos de control se expidan sobre posibles conflictos de interés al tratarse de una compañía que antes perteneció a los Macri.

Di Lello también había solicitado numerosos testimonios, entre ellos el de la ex titular de Aerolíneas Argentinas, Isela Constantini y su sucesor, Mario Dell'Acqua, al jefe de mantenimiento de la flota presidencial y al ex titular de Sol, entre otros. Pero además, recomendó a Torres que reclame a la Procuraduría antilavado (Procelac) un análisis de las operaciones de pago del contrato entre Avian y MacAir; que se dé intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas; y que la Agrupación aérea presidencial realice un informe sobre el estado de los aviones. El juez todavía no activó estas medidas. 


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