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Accastello complicado

La Cámara Federal de Córdoba ordenó a la justicia provincial investigar al ex intendente kirchnerista de Villa María, Eduardo Accastello, por presunto "enriquecimiento ilícito" en relación con los fondos depositados en una cuenta de la financiera ilegal CBI Cordubensis, en la que figura su nombre, y revocó la decisión del juez federal Hugo Vaca Narvaja, que había rechazado un pedido en ese sentido realizado por el fiscal.

Accastello complicado

La sala B de la Cámara Federal, integrada por Eduardo Ávalos, Graciela Montesi y Liliana Navarro, que votó en disidencia, decidió por mayoría, revocar la resolución del 13 de setiembre de 2016 del juez Vaca Narvaja que había rechazado el pedido del fiscal para que sea la justicia provincial la que investigue a Accastello y Fernando Boldú en relación con el secuestro de 290.000 dólares de una caja de seguridad que ambos compartían en la financiera ilegal Cordubensis (CBI).

En su resolución el tribunal declaró la "incompetencia de la Justicia Federal en razón de la materia, debiendo remitirse las presentes a la Justicia Provincial a los fines de investigar la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito, art. 268 inc. 2 del C. Penal".

En los antecedentes de la causa, el tribunal señala que "el incidente se inicia con motivo de un allanamiento efectuado el 27 de agosto de 2014 en la firma CBI Cordubensis SA en el marco de la causa `RODRIGO, Eduardo Daniel y otros p.ss.aa Asociación ilícita´, efectuado con la finalidad de proceder a la apertura y secuestro de cajas de seguridad de personas que estaban siendo investigadas en los mencionados autos".  

"En el procedimiento -añade-, se secuestraron las cajas de seguridad número 38 y 49, ubicadas en el módulo denominado Capuchinos, a nombre de Fernando Boldú y autorizado para el acceso Eduardo Acastello, la suma de doscientos noventa mil dólares (U$S 290.000) en veintinueve fajos de diez mil dólares en billetes de cien dólares".

Agrega que luego de incorporarse diligenciados los informes de la AFIP, "con fecha 23 de agosto de 2016, se expide el señor Fiscal Federal y manifiesta que si bien tanto Boldú como Accastello no podrían justificar la procedencia" del dinero hallado en la caja de seguridad "como tampoco se pudo verificar la existencia de los delitos de evasión de impuestos y/o lavado de activos, la conducta de los nombrados podría encuadrar en el delito de enriquecimiento ilícito" por lo que solicita que las actuaciones "sean remitidas a la justicia provincial para su avocamiento".

Señala que ante la solicitud "el señor juez rechaza la solicitud efectuada por el Ministerio Público y ordena remitir las presentes en devolución a la fiscalía a fin de que continúe con la investigación".


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